Una sentencia del Tribunal europeo de Estrasburgo ha emitido una sentencia que vendría a prohibir que nadie pueda pedir a los operadores telecomunicaciones que controlen las descargas de sus clientes. Un poder que la disposición final de la Ley de Economía Sostenible (aún sin reglamento aprobado) otorga a los operadores.

Por si el futuro de España no fuese lo suficientemente incierto, con un paro de más de cinco millones de personas y unos bancos con pocas ganas de dejar dinero, esta semana ha surgido un nuevo elemento que hace peligrar, si ya no estaba condenada a su desaparición, la disposición final más conocida de España (Ley Sinde).

Al poco interés mostrado por el Gobierno de aprobar un reglamento que haga operativa esta disposición, se suma la sentencia de un tribunal europeo que, según podemos leer en el documento, estima que vigilar Internet para evitar las descargas "no respetaría el requisito de garantizar un justo equilibrio entre, por un lado, el derecho de propiedad intelectual y, por otro, la libertad de empresa, el derecho a la protección de datos de carácter personal y la libertad de recibir o comunicar informaciones".

Tal y como están las cosas, con un gobierno en funciones, parece ser que la única que aún tiene esperanzas en que se apruebe el reglamento que haga funcionar la disposición final de la Ley de Economía Sostenible es su impulsora, la Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, que debe querer utilizar el texto que se apruebe como una carta de presentación para el próximo que la acoja, tras su paso por el Ministerio.

Si no es por este motivo, no se explica el interés por la vigencia de un documento impopular que no solucionará los problemas económicos de la industria de contenidos digitales, ya que estos no dependen de que la gente descargue más o menos contenido por vías lícitas o ilícitas si no por un cambio de paradigma en las empresas que quieran entrar o seguir haciendo negocio en este sector.