La patronal de las grandes operadoras de Internet (que engloba a Telefónica, Vodafone, Orange y ONO) ha redactado un documento para que los ayuntamientos y gobiernos autonómicos se olviden de la idea de crear una red pública de telecomunicaciones y, por el contrario, fomenten la inversión privada.

Por si a algún político se le ocurre prometer a sus ciudadanos inversión en redes de Internet en zonas huérfanas de una oferta comercial de banda ancha, las empresas más importantes del sector han difundido un texto que desaconseja destinar fondos públicos en zonas que ellos consideran que no tienen una demanda rentable.

En este sentido, en el documento se argumenta que es más eficiente destinar ese dinero a facilitar la financiación de proyectos privados de despliegue de redes telecomunicaciones.

Además, recuerdan que las compañías públicas que se constituyan en operador de telecomunicaciones deberán cumplir todos los requisitos impuestos por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

Lo curioso del tema es que una de las operadoras que integra la asociación, Orange, se está beneficiando, precisamente, de una iniciativa del Ayuntamiento de Viladecans en este ámbito. La filial española de France Telecom está comercializando el servicio que fibra óptica que ha posibilitado el despliegue de cable realizado por la empresa pública Vigrip.